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La hondureña Rosa Elena Bonilla Ávila, esposa del ex presidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, fue detenida hoy en Tegucigalpa porque presuntamente en enero de 2014, seis días antes de dejar de ser primera dama, traspasó a una cuenta bancaria personal más de medio millón de dólares asignados a un programa gubernamental, confirmaron esta mañana fuentes oficiales.
La captura de la ex primera dama fue llevada a cabo por elementos de la Policía Militar de Honduras, que trasladó a Bonilla Ávila a la Agencia Técnica de Investigación Criminal, una dependencia del Ministerio Público (Fiscalía General de Honduras) en el barrio Concepción de Comayagüela, en las afueras de Tegucigalpa.
La defensa de la esposa de Lobo alegó reiteradamente que Bonilla es inocente.
Según los detalles del caso en investigación, Bonilla habría sustraído irregularmente cerca de 12.2 millones de lempiras (moneda hondureña), que equivalen a unos 517 mil dólares, en enero de 2014, en vísperas de que su esposo entregara la Presidencia de Honduras al actual gobernante, Juan Orlando Hernández Alvarado, el 27 de ese mes.
Lobo asumió el poder el 27 de enero de 2010 en reemplazo del hondureño Roberto Micheletti Bain, quien el 28 de junio de 2009 se convirtió en gobernante de facto en Honduras tras el golpe de Estado en contra del entonces presidente Manuel Zelaya Rosales, cuya interrumpida gestión de cuatro años se inició en enero de 2006.
El hondureño Fabio Lobo Lobo, hijo del ex presidente e hijastro de la ex primera dama, fue detenido por agentes antidrogas de Estados Unidos en mayo de 2015 en Haití y trasladado a Nueva York, donde fue condenado a 24 años de prisión en septiembre de 2017 tras confesar los cargos de narcoactividad en su contra.
El periódico La Prensa, uno de los principales de Honduras, publicó esta mañana que en el allanamiento a la vivienda de Bonilla también fue detenido el hondureño Mauricio Mora, esposa de Gisela Bonilla, hermana de la esposa del ex presidente.
Las gestiones judiciales sobre Bonilla continúan hoy en Tegucigalpa, en un nuevo escándalo de presunta corrupción política que sacude a Honduras, una de las naciones más pobres de América. Está por definirse si quedará en prisión preventiva.
Miles de indignados hondureños marcharon en 2015 por las calles de Honduras para pedir la dimisión del presidente Hernández, por la presunta corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social con un manejo de dineros que permitió financiar parte de la campaña electoral en 2013 del actual mandatario. Hernández y Lobo son integrantes del Partido Nacional (PN), en el poder desde 2010.
Hernández quedó inmiscuido en un agudo lío institucional por la crisis que estalló luego de los comicios presidenciales del 26 de noviembre de 2017, en los que se proclamó ganador—pese a que la oposición política hondureña denunció que hubo fraude e irregularidades—y logró reelegirse para un cuatrienio consecutivo que inició el 27 de enero de 2018.
La crisis post—electoral, que dejó 38 muertos por violentos disturbios callejeros en contra del gobernante, se unió a un escenario de agravados problemas de corrupción política en un país que en los últimos años se convirtió en una de las más importantes plataformas regionales para el tráfico internacional de drogas del sur al norte de América y actividades conexas, como el “lavado” de dinero, y con una penetración de las mafias en estratos policiales, militares, judiciales, empresariales, políticos y partidistas.
