El Protocolo Modificatorio del T-MEC incluyó en una nota al pie —también conocida como letra chiquita— en la que refiere que el gobierno de Estados Unidos tendrá su propio proceso interno para complementar las revisiones iniciales que se necesiten cuando una exportadora mexicana niegue los derechos sindicales a un trabajador.
De acuerdo con especialistas en temas comerciales federales, esa anotación fue la que le abrió la puerta a los cinco agregados laborales.
En el texto de implementación que envió la Casa Blanca el viernes 13 de diciembre al Congreso de Estados Unidos, se define que habrá cinco agregados laborales que monitorearán el cumplimiento de la reforma laboral en libertad sindical y contrato colectivo en México.
Por ello, el negociador mexicano, Jesús Seade, envió el 14 de diciembre una carta de extrañamiento al representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, quien le respondió que “ese personal [los cinco agregados laborales] no realizará labores de inspectores”.
Aclaró que la figura de agregado, como los que ya hay en México, hará funciones de asistencia técnica como en temas de agricultura, fiscales, comerciales y defensa, entre otros.
Los agregados del Departamento del Trabajo también brindan asistencia al nuevo comité laboral intersecretarial estadounidense, pero no irán a verificar el cumplimiento de los compromisos en cada fábrica.
En un evento organizado por el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, la subsecretaria de Economía, Luz María de la Mora, dijo que en el texto no aparece la palabra “inspectores laborales”, sólo “agregados”, como los hay en temas comerciales y de seguridad, por lo que dijo que es cuestión de aclarar la legislación de Estados Unidos.
El párrafo que dio entrada a los cinco agregados laborales fue la segunda nota al pie de página del Artículo 31-A.4 del Protocolo Modificatorio del T-MEC.
La anotación dice: “Estados Unidos tiene la intención de establecer un proceso interno de este tipo conforme al cual el gobierno de Estados Unidos se esforzará por completar las revisiones iniciales de quejas recibidas sobre una instalación cubierta [empresa exportadora] en la otra parte en 30 días”.
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