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El gobierno de Donald Trump se volvió otra vez contra la comunidad inmigrante, dejando evidente que, con el nuevo año y pese a la urgencia de elevar el debate migratorio en el país, la actual Casa Blanca mantendrá las políticas que caracterizaron sus acciones en su primer año de mandato.
La última estocada la recibió el colectivo salvadoreño, afectado por la cancelación del programa de Estatus Protegido Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que aplicaba a su país desde los terremotos de 2001, y del que se han beneficiado alrededor de 200 mil personas originarias del país centroamericano.
El gobierno de Trump decidió que el programa de protección contra la deportación y emisión de permisos de trabajo no va más, y dio de margen hasta el 9 de septiembre de 2019 para que todos los afectados se vayan del país o busquen una alternativa, si no quieren ser perseguidos y deportados.
En muchos casos, los afectados llevan casi 20 años viviendo en EU. Se calcula que hay más de 190 mil menores nacidos en territorio estadounidense con algún padre tepesiano de origen salvadoreño, por lo que la decisión del gobierno también les afecta.
Según altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, El Salvador ya superó los daños del sismo, por lo que no hay razón para continuar dando cobijo a salvadoreños.
Tras el anuncio, la comunidad salvadoreña “tepesiana”, que ya preveía una resolución de este tipo después de lo que pasó con nicaragüenses y haitianos, salieron a las calles a protestar y prometieron lucha.
Congresistas y activistas también criticaron una decisión que para el senador demócrata y ex candidato a vicepresidente Tim Kaine es “despiadada” e “ignora las innumerables contribuciones” de los salvadoreños a la comunidad estadounidense.
El congresista Luis Gutiérrez, abanderado de los derechos de los migrantes, vio en la medida una nueva muestra de que Trump está “convirtiendo a los inmigrantes que han vivido y trabajado dentro de las leyes de EU durante una generación en inmigrantes indocumentados”. El republicano Mario Díaz Balart, consideró; “Sería devastador enviar a esas personas de regreso a su país tras haber creado una vida humilde para ellos y sus familias”.
Tras fulminar DACA y el TPS para Haití y Nicaragua, la decisión de la administración Trump sitúa a cerca de un millón de personas que hasta ahora estaban amparadas de la deportación en un nuevo limbo con fecha de caducidad. Como es habitual en las políticas fulminantes que tienen que ver con migración, especialmente de origen latinoamericano, la Casa Blanca pasó toda la presión al Congreso, único estamento que puede solucionar el futuro de los afectados con la aprobación de una ley que les ampare. Ya usó esa táctica con DACA, y ahora la aplica con el TPS.
El Capitolio está en pleno debate sobre qué hacer con los jóvenes indocumentados, esos casi 800 mil dreamers que esperan que antes de marzo, cuando vence su plazo, haya una solución. El fin del TPS para El Salvador añade un nuevo agravante al tema, así como más urgencia para resolver uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta Estados Unidos en este inicio de año.
