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España exhumó el jueves los restos mortales del dictador español Francisco Franco de su tumba en un grandioso mausoleo en la Basílica del Valle de los Caídos, a las afueras de Madrid.
El exgeneral será enterrado más tarde en el día en una cripta familiar en un cementerio próximo.
La operación, ordenada por el gobierno y que se celebra a puerta cerrada, satisface una antigua demanda de familiares de las decenas de miles de víctimas de la guerra civil y el franquismo. La exhumación fue seguida en directo por las principales televisoras y medios web españoles.
Tras extraer el ataúd de debajo de las losas de mármol y granito que lo protegían en el interior de la basílica del Valle, el abad ofreció un breve responso ante la familia. El féretro salió del templo a hombros de sus familiares hasta un coche fúnebre, que lo llevó a un helicóptero en el que será trasladado al cementerio de Mingorrubio, a unos 57 kilómetros (35 millas) de distancia.
En un intento por proteger la privacidad y evitar que las labores de exhumación fuesen grabadas y publicadas en redes sociales, el gobierno prohibió que los asistentes al acto _ 22 miembros de la familia Franco, funcionarios gubernamentales y trabajadores _ llevasen cámaras y celulares.
Por temor a posibles disturbios, las autoridades prohibieron una manifestación contra la exhumación en el cementerio de Mingorrubio, aunque unas 400 personas, algunas de ellas con banderas anticonstitucionales y coreando “Viva Franco”, se congregaron en las inmediaciones del camposanto bajo la mirada de la policía.
Macarena Martínez-Bordiú, una familiar lejana del dictador, dijo sentirse "indignada” con lo ocurrido y acusó al gobierno de "profanar una tumba".
En declaraciones a la televisora estatal TVE, el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero dijo que la salida de Franco del Valle “tiene un gran significado para nuestra democracia. Nuestra democracia es hoy más perfecta”.
La exhumación y el posterior entierro no acabarán con el legado de Franco en el política contemporánea española, especialmente a apenas unas semanas de las elecciones generales del 10 de noviembre.
Franco gobernó España entre 1939 y 1975. Llegó al poder tras tres años de guerra civil que comenzaron con un alzamiento militar que él ayudó a impulsar contra el gobierno democrático.
Católico convencido, consideró la guerra y la posterior dictadura como una especie de cruzada religiosa contra las tendencias anarquistas, de izquierdas y laicas del país. Su gobierno autoritario, junto a una Iglesia católica profundamente conservadora, mantuvo a España aislada de los avances políticos, industriales y culturales ocurridos en Europa durante casi cuatro décadas.
El país volvió a la democracia tres años después de su muerte, pero su legado y su huella en la política española siguen despertando rencores y pasiones.
Durante décadas, miles de personas conmemoraron el aniversario de su deceso, el 20 de noviembre de 1975, en la explanada de la Plaza de Oriente, en el centro de la capital del país, Madrid, y en el mausoleo del Valle de los Caídos. Y aunque la popularidad del dictador ha disminuido mucho, su exhumación ha sido criticada por sus familiares, por los tres principales partidos de la derecha española y por algunos miembros del clero por abrir viejas heridas políticas.
El proceso fue autorizado finalmente por el Tribunal Supremo en septiembre, cuando rechazó un recurso presentado meses antes por la familia Franco para pararlo.
La exhumación estaba contemplada en las enmiendas a la Ley de la Memoria Histórica de 2007, que busca reparar a las aproximadamente 100.000 víctimas de la guerra y la posterior dictadura que están enterradas en fosas comunes no identificadas, entre ellos miles en el Valle de los Caídos. La legislación prohíbe que los restos de Franco estén en un lugar público que lo exaltase como una figura política.
Tras no haber podido completar el proceso el año pasado, el gobierno interino socialista de Pedro Sánchez quería que la exhumación y el posterior entierro se completasen antes de los comicios generales de noviembre, una iniciativa que la oposición calificó de electoralista.
