El plan dictado por la Casa Blanca para frenar el éxodo migratorio procedente de Centroamérica en territorio mexicano está sentenciado a fallar, al darle prioridad al enfoque de “militarización” y no al cóctel altamente tóxico que es causante del problema.Falko Ernst, analista de International Crisis Group, un organismo con sede en Bruselas especializado en solución de conflictos, dice a EL UNIVERSAL que una estrategia con una dimensión centrada en detener los flujos migratorios por la vía del despliegue de fuerzas de seguridad es el antídoto equivocado.
Sostiene que el despliegue de la Guardia Nacional no frenará la llegada de personas a México, pues ni siquiera Estados Unidos, con su capacidad tecnológica y militar, ha sido capaz de “impermeabilizar” su propia frontera sur.
Considera que es probable que el despliegue de fuerzas federales “conduzca a mayores cuotas de arresto y deportación, pero ante la grave situación en Centroamérica, muchos no serán disuadidos y seguirán intentándolo”. Recuerda que el viaje migrante a través de México siempre ha sido en un contexto de riesgos, de presencia de grupos criminales y autoridades corruptas, por lo que seguirá habiendo personas dispuestas a asumir esos peligros independientemente de la presencia de nuevos elementos.
“Por lo tanto, no es de esperar que el despliegue de la Guardia Nacional vaya a poner fin a la migración a través de México y hacia la frontera de Estados Unidos, como lo exige Trump”, reitera. “De hecho, Estados Unidos no ha podido, a pesar de que desde la década de 1990 lleva militarizando su propia frontera sur”, precisa.
De acuerdo con Silvia Garduño, de la oficina de información de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), las personas salen de los países centroamericanos por una diversidad de razones, incluyendo la falta de empleo y el impacto del cambio climático en el campo, lo que a su vez ha desencadenado un aumento de la inseguridad alimentaria.
El Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias, el núcleo del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, reporta que de las 400 mil personas originarias de Guatemala, Honduras y El Salvador que entraron ilegalmente a México en 2018, la mitad venía del campo. En el caso particular de los guatemaltecos, la cifra fue mucho mayor, 80%, al igual que sucedió con los menores salvadoreños no acompañados, 60%.
Del total de deportados de territorio mexicano, sólo 15% volvió a zonas urbanas, de manera que este año la región es testigo de un fenómeno cíclico recrudecido por la prolongación de sequías, falta de alimentos y disminución de recursos; las expulsiones de centroamericanos de Estados Unidos han provocado una caída de las remesas, fuente crucial para financiar la subsistencia en el campo. Más de 50% de las expediciones enviadas por la diáspora a Guatemala están destinadas al campo.
Los servicios de la Comisión Europea sostienen que las condiciones para que la crisis migratoria continúe siguen presentes: alrededor de 20.3 millones de personas viven en el llamado Corredor Seco Centroamericano, de las cuales 3 millones 158 mil habitan en zonas de crisis alimentaria, y 757 mil en regiones en fase de emergencia. “Esto se junta con la percepción de oportunidades en otros países, la cual es aprovechada y hasta fomentada por redes de tráfico de personas. Sin embargo, la razón que explica el incremento en las solicitudes de asilo específicamente es el número importante de gente que sale de los países del norte de Centroamérica huyendo de situaciones de violencia y de persecución”, explica Garduño a este diario.
La Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica y el Caribe, la cual opera con apoyo del gobierno francés, sostiene en un estudio que en las comunidades más afectadas por la violencia criminal, el camino a la escuela no sólo es riesgoso, sino que los centros educativos están infiltrados por pandillas y maras. “En lugar de ser la escuela un espacio que contribuye a la paz, al desarrollo y a la garantía de los derechos, los institutos educativos hoy pueden ser sitios donde se hace reclutamiento, extorsión y control de la vida de niños, niñas y adolescentes e incluso docentes”, indica.
“Las respuestas de los gobiernos se caracterizan por la falta de presupuesto, ausencia de políticas públicas y nulos esquemas de protección a víctimas”, continúa el documento elaborado con el apoyo del Consejo Noruego para Refugiados.
Los impactos negativos de esta situación se observan en la reducción de la oferta educativa. Por ejemplo, en 2018, 13 escuelas en El Salvador cerraron por amenazas de maras, en tanto que en Honduras, 22 docentes fueron asesinados.
Igualmente hay un aumento de la desescolarización. Tan sólo en El Salvador, donde la tasa de homicidio es de 50.4 por 100 mil personas, 49 mil estudiantes desertaron del colegio en 2018, cerca de mil por semana.
“La deserción a menudo implica el confinamiento, el trabajo infantil, el reclutamiento forzado o coaccionado, el desplazamiento interno o transfronterizo, entre otras consecuencias”, apunta la investigación.
Falko Ernst prevé que los resultados del despliegue de fuerzas federales serán contrarios a los previstos por el gobierno mexicano, al tener como principio el reforzamiento de la política dictada por Washington en 2013 para hacer de México su guardián fronterizo. En su opinión, una mayor militarización de la política antiinmigración elevará los costos humanitarios para los migrantes, particularmente aquellos que queden en el limbo, atrapados en territorio mexicano, al tiempo que aumentará su exposición frente a grupos delictivos, la extorsión, el secuestro y el reclutamiento criminal. Considera que la mayor exposición de los migrantes a actividades clandestinas y el aumento de las cuotas de los servicios de los coyotes “implica el riesgo de un mayor fortalecimiento del crimen organizado en México”.
Por otro lado, el uso de la Guardia Nacional en tareas ajenas a sus orígenes supondrá un desvío de recursos y mano de obra que comprometerá el compromiso de mejorar la seguridad pública en el resto del país.
Para el experto, la respuesta acertada hubiera sido una fuerza civil equipada con recursos económicos, técnicos y logísticos para gestionar la migración de manera profesional y respetuosa de las normas humanitarias y de derechos humanos.
Sin embargo, reflexiona el investigador, con el compromiso pactado con la Casa Blanca, México ha quedado atrapado en una trampa que sirve a los intereses de reelección del presidente estadounidense Donald Trump en 2020. “México tiene muy pocas opciones, tanto por la enorme dependencia económica con Estados Unidos, como por el hecho de que Trump, atacando a México, ha encontrado una eficiente herramienta para tratar de asegurar un segundo mandato”, dice Ernst.
“México debería dejar claro que la seguridad nacional de EU está supeditada a la cooperación entre ambas naciones, y que las amenazas de Trump serían contraproducentes y podrían perjudicar la seguridad nacional de EU, en lugar de mejorarla, como afirma Trump”, agrega.
En el contexto del plan anunciado por México, ACNUR recomienda a las autoridades garantizar que las personas con necesidades de protección internacional tengan acceso al territorio y a los procedimientos para solicitar asilo, “lo que implicará capacitar a las fuerzas federales en esta materia”.
También reitera su llamado a celebrar de manera urgente una reunión de los Estados de la región para trazar una acción coordinada que aborde el creciente desafío que supone el desplazamiento de una manera efectiva y sostenible. “El enfoque regional debe incluir una expansión de la capacidad de recepción y de las infraestructuras de asilo, apoyo colectivo para los programas de integración local, ampliación del reasentamiento dentro y fuera de la región, y acuerdos para el retorno de manera segura y digna de aquellas personas que no precisan protección internacional”, indica Garduño.