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“No puedo llamarle vida a lo que llevo viviendo durante siete años, es una pesadilla de la que no he podido salir”, dice consternada a EL UNIVERSAL Yolanda Varona, originaria de Taxco, Guerrero, pero quien vive en Tijuana, Baja California, desde que fue deportada en 2010.
“Tengo dos hijos; mi hijo es naturalizado estadounidense y mi hija aún está bajo [la protección del] DACA —orden ejecutiva que protege hasta el 5 de marzo de 2018 a jóvenes que llegaron a EU ilegalmente siendo niños— y tengo dos nietos, una mujercita y un bebé, que nacieron en Estados Unidos”, comenta llena de nostalgia y dolor.
“Mi nieta es producto de un embarazo de mi hija siendo aún menor de edad y mi nieto es hijo de mi hijo, quien se casó y no pude ir a su boda, y tampoco he podido abrazar a mi nieto”, cuenta Yolanda con lágrimas.
“Me detuvieron un 31 de diciembre de 2010 por hacerle un favor a una viejita que pedía ir a la ciudad de Tecate —Baja California— para ver a su familia y me dio tanta pena que crucé para llevarla. No era la primera vez que cruzaba, pero esta vez, al regresar, se dieron cuenta de mi situación y ahí en la garita me detuvieron”, narra Yolanda.
“Pasé ese Año Nuevo encerrada en un centro de detención y al día siguiente me sacaron por Tijuana; sin dejarme ver un juez ni nada”, asegura. “Lo peor de todo es que mi hija me había pedido que no fuera, que no me arriesgara y después de que pasó mi deportación me dejo de hablar casi un año. El papá de su hija la pidió ante un juez y le dieron la custodia; por mi culpa le arrebataron mi nieta a mi hija”, cuenta llorando.
En Estados Unidos 25% de los menores vive en un hogar de inmigrantes; es decir, uno de cada cuatro. De estos, 88% son ciudadanos, 7% son residentes legales y sólo 6% son indocumentados; esto de acuerdo con un estudio reciente de la Annie E. Casey Foundation.
A lo anterior hay que sumarle que cerca de un millón de menores estadounidenses viven en el extranjero —la mayoría en México— porque sus padres o alguno de ellos fueron deportados y se los llevaron consigo.
Otro estudio nacional sobre el DACA realizado por la Universidad de California, en San Diego, arrojó que de los 800 mil jóvenes que estuvieron o han estado protegidos por esta orden ejecutiva, 25% hoy tienen al menos un hijo nacido en Estados Unidos, lo que significa que al menos en este segmento hay 200 mil estadounidenses con padres potencialmente deportables a los que la administración Trump ha amenazado permanentemente.
“Jamás imaginé que viviría algo así”, repite la señora Varona, quien hasta el momento de su detención era gerente de dos tiendas de comida rápida. “Durante casi 20 años siempre me porté bien, cuidé y eduqué a mis hijos, los puse en la escuela, pagué impuestos, nunca me metí en problemas. Tenía mi casita, un auto; podría decir que yo sí estaba viviendo el sueño americano hasta que me detuvieron y comencé a vivir esta pesadilla”.
Al borde de la locura
Varona llegó a los 26 años a California, después de su divorcio. “Quería darles una mejor vida a mis hijos y sé que lo he logrado, aún con el peso de estos últimos años”, dice, pero recuerda cómo le costó trabajo salir de la depresión que la envolvió durante meses y que la pusieron al borde la locura o de la muerte.
“Luché mucho para salir de ese estado; conocí una organización llamada ‘Dreamers Moms USA’ —Madres Soñadoras Internacional— me involucré con ellas y fue lo que me ayudó a seguir adelante, sumándome a su causa para ayudar a otras mujeres que se encuentran en casos parecidos al mío, en todas partes del mundo. Fundé ‘Dreamers Moms USA/Tijuana’ y hemos ayudado a muchas personas a salir adelante, aunque el sueño es regresar y algunas ya lo lograron”, confiesa Yolanda.
Varios estudios sugieren que la separación de las familias de padres deportados, quienes de la noche a la mañana desaparecen y dejan desprotegidos a sus hijos, es un fuerte factor de trauma sicológico para los menores y que difícilmente logran superar. “En mi opinión, este mal sistema está creando ciudadanos con una serie de traumas que, de no ser atendidos adecuadamente, —que no está sucediendo— podría traer consecuencias negativas para la sociedad donde se desarrollen; sea en la parte profesional o humana”, dice Édgar Villamarín, sicólogo reconocido del sur de California.
Alicia Frausto es otra madre indocumentada, originaria de Zacatecas y quien en 2010 se presentó ante un juez en Pomona, California, para pagar unas infracciones de tránsito que debía y que se habían acumulado.
“El juez me dijo que ya no podía pagarlas con dinero y entonces me dio cinco días de cárcel; al quinto día de estar encerrada pregunté a los guardias a qué hora me iban a dejar salir y ahí me enteré de que no me dejarían libre y que me iban a deportar”, cuenta Alicia con la misma expresión de asombro que tuvo, dice, ese día negro en su vida. “Me obligaron a firmar una deportación voluntaria diciéndome muchas mentiras y asustándome de muchas maneras. Firmé y me sacaron para Tijuana. Fueron seis años de angustias, de llantos; en ese entonces mi hija tenía 11 años y mi hijo 23; estaba desesperada, viví desesperada”, asegura Alicia.
En el tiempo en que estuvo en Tijuana, se le diagnosticó cáncer de mama, y se sometió a cirugía y quimioterapia, según cuenta su hijo Ed-
sson Rodríguez, en la plataforma GoFundMe, dedicada a recaudar fondos. Un día, Alicia conoció a Varona y le contó su caso. ‘Dreamers Moms USA’ consultó con sus abogados en Estados Unidos y se presentó una posibilidad por el asunto de que la engañaron para firmar su deportación voluntaria.
“Desde que supe que había una posibilidad, volví a respirar más tranquila y desde entonces no paramos hasta que lo consiguieron”, cuenta Alicia a este diario. “El 26 de octubre de 2016 regresé a California, con mi familia; ¡el día más feliz de mi vida!”, asegura. “Aunque me pusieron un grillete electrónico para vigilarme hasta resolver mi situación, todo ha ido bien para arreglar mi estatus legal”, comenta. Hoy, sin embargo, lucha de nuevo contra el cáncer, esta vez gástrico, razón por la cual Edsson solicita fondos. Su próxima audiencia está programada para mediados de diciembre.
Varona, en tanto, aspira a ser reconocida como víctima de violencia —que sufrió en una etapa de su vida en EU—, lo que le permitiría acceder a la llamada Visa “U”, que le daría un estatus de residencia legal con camino a la ciudadanía en algunos años. “No veo la hora de estar con mis hijos y mis nietos otra vez y seguir adelante, salir de este infierno”.
Un infierno que describió en un cuento salpicado de realidad que escribió, al cual tituló La Ciudad Más Triste del Mundo.
