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El gobierno español defendió hoy su obligación "legal, democrática y política" de asumir competencias de la autonomía de Cataluña para proteger el interés de todos los españoles ante la deriva independentista de las autoridades de esa región.
Así lo expresó la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, al argumentar en el Senado la aplicación de las medidas del artículo 155 de la Constitución y que, entre otras, suponen el cese del Gobierno catalán, la limitación de los poderes de su Parlamento y la convocatoria de elecciones antes de seis meses.
Según Sáenz de Santamaría, el Gabinete catalán, que impulsa un proceso independentista, "ha faltado siempre" al espíritu de concordia y diálogo.
La vicepresidenta hizo hincapié en la necesidad de "rescatar" Cataluña de quienes se empeñan en ponerla "fuera de la ley", en alusión a los secesionistas, que el 1 de octubre organizaron un referéndum que consideran ilegal en el que, según las autoridades catalanas, dos millones de personas de una población de 7,5 millones votaron a favor de la separación de España.
En su intervención en el Senado, la "número dos" del Ejecutivo español acusó a los independentistas de "echar por tierra la mejor Cataluña de su historia".
Una Cataluña "emprendedora y dinámica, acogedora y abierta", que era el "orgullo de todos los catalanes y españoles" y de donde en las últimas semanas se han ido más de un millar de empresas ante la inseguridad jurídica, dijo.
Eso implica el riesgo de una desaceleración económica, "si no la recesión", y ha generado una enorme fractura social, sin que a cambio haya habido reconocimiento internacional "en ningún rincón de la tierra" a las pretensiones independentistas.
La comisión del Senado aprobará hoy un dictamen sobre las medidas propuestas por el Gobierno para restaurar la legalidad con la intención de trasladarlos al pleno de este viernes, que las debe ratificar para permitir que el Ejecutivo de Mariano Rajoy las aplique en Cataluña.
