La Procuraduría General de la República solicitará el apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y de otras instancias internacionales para profundizar las investigaciones sobre el presunto espionaje realizado a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas.
En conferencia de prensa, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), informó sobre el plan de investigación ministerial que contará con un grupo de apoyo técnico.
"El caso de una presunta intervención ilegal de comunicaciones de personalidades públicas ha ocurrido recientemente en otros países, estamos actuando dada esa experiencia internacional. Para ello se ha organizado un grupo de apoyo técnico que estará conformado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es el organismo especializado en telecomunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); la Asociación Mundial de Operadores Móviles (GSMA), con sede en Londres, Reino Unido; la Escuela Superior de Ingeniería, Mecánica Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el ex presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Héctor Ozuna Jaime, y se pedirá al Buró Federal de Investigaciones, FBI, de Estados Unidos su colaboración", informó el Fiscal.
Además, aseguró que el Ministerio de Justicia Canadiense va a colaborar con la PGR vía asistencia jurídica internacional con las entrevistas al Citizen Lab de la Universidad de Toronto.
Sánchez Pérez del Pozo informó que ya se solicitó a todas las dependencias que busquen información sobre el uso de Pegasus, el programa que presuntamente fue usado para infectar los equipos de los denunciantes.
"Se ha ordenado a todas las dependencias federales y estatales de seguridad que pudieran tener acceso a equipo y software para realizar la intervención de comunicaciones que recuerden toda la información relacionada a la contratación del equipo Pegasus u otras similares o análogas", amplió.
La Procuraduría General de la República tomará la declaración de las empresas que han vendido equipos que posibilitan la intervención de comunicaciones en México con las capacidades señaladas por los afectados.
"A efecto de conocer a detalle a qué gobiernos estatales han entregado este tipo de equipos, y, en su caso, si alguno de estos equipos hubiera podido llegar a entidades distintas a las dependencias públicas", comentó.
La dependencia federal también solicitará a las empresas de telefonía celular los registros de llamadas de los celulares presuntamente infectados a efecto de encontrar similitudes en los números que enviaron el malware.
Las personas involucradas y que han presentado denuncia ante la PGR serán notificadas para que aporten su equipo para que les realicen análisis periciales correspondientes.
El fiscal aseguró que las medidas cautelares señaladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se cumplimentaron desde el pasado 24 de julio.
El periódico norteamericano The New York Times publicó que defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México, han sido espiados por el Gobierno Federal con un software israelí llamado Pegasus, capaz de monitorear llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios, que incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia.
Entre los afectados destacan los periodistas Carlos Loret de Mola y Carmen Aristegui, así como Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, y Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
The New York Times detalla que el gobierno mexicano ha gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de la empresa NSO Group, de origen israelí, desde 2011, el cual es de venta exclusiva a gobierno y su uso debe ser destinado a combatir a terroristas o grupos criminales.