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Brasil registró ayer un hecho sin precedentes en su historia luego de que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva —quien fuera una de las principales estrellas de la izquierda en América Latina y el Caribe de finales del siglo XX y uno de los referentes contemporáneos del socialismo en el Hemisferio Occidental— fuera condenado a nueve años y medio de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero, aunque podrá permanecer libre y apelar una sentencia que amenaza con dejarlo incapacitado de participar en la política.
En la secuela de uno de los casos más emblemáticos del enriquecimiento ilícito continental, el ex mandatario fue sentenciado por el juez Sergio Moro, de un tribunal de primera instancia del sureño estado de Paraná y pieza crucial de las indagatorias judiciales sobre el entramado de corrupción de la “Operación Lava Jato” que investiga sobornos a políticos y empresarios con recursos de la petrolera estatal brasileña, Petrobras.
Si el fallo en su contra es ratificado en segunda instancia, Lula también será inhabilitado por 19 años para ocupar cargos públicos y así queda impedido de competir en los comicios presidenciales de octubre de 2018.
El joven obrero metalúrgico que nació en octubre de 1945 en Pernambuco, convertido en dirigente político de 71 años de edad, pasará a la historia como el primer ex mandatario brasileño sentenciado a prisión por recibir sobornos.
Moro determinó que Lula es culpable por aceptar que la constructora brasileña OAS le donara un apartamento de lujo de tres plantas en una playa del sureño estado de Sao Paulo a cambio de que Petrobras le diera la concesión de millonarios contratos. El inmueble vale más de un millón 250 mil dólares.
Negación.
Da Silva negó los cargos en su contra y alegó que la trama sobre el apartamento en Sao Paulo es totalmente falsa porque a su esposa, Marisa Leticia Rocco Casa (fallecida en febrero de este año), nunca le gustó la playa.
El proceso demostró que, aunque el departamento está inscrito a nombre de OAS, su propietario real es Lula porque le fue entregado a cambio de favorecer a la compañía.
“El presidente Lula es inocente. Por más de tres años Lula ha sido objeto de una investigación motivada políticamente”, indicaron en un comunicado los abogados de la defensa, Cristiano Zanin Martins y Valeska Teixeira Zanin Martins.
Al ex mandatario todavía le aguardan otras cuatro acusaciones en el tribunal de Moro, de las cuales tres están ligadas al lío Petrobras. Un sexto caso se debate en otra instancia judicial.
El voluminoso expediente de Lava Jato envuelve a Petrobras, a OAS, a la constructora brasileña Odebrecht y a compañías y políticos con redes en 10 países de América Latina y el Caribe, incluido México.
Al ex presidente, fundador en 1980 del izquierdista y poderoso Partido de los Trabajadores (PT) que se convirtió en uno de los bastiones del sindicalismo antidictatorial, se le señala por presuntamente haber recibido millones de dólares por regalías y otros beneficios ilegales, producto de esa trama.
La sentencia dejó a Lula en zozobra frente a su renovado deseo de lanzarse a la presidencia con un prolongado historial como candidato: perdió las elecciones de 1989, 1994 y 1998 pero ganó las de 2002, se reeligió en las de 2006 y ayudó a la victoria que Dilma Rou-sseff, su correligionaria en el PT y estrecha aliada, logró en 2010 y a su reelección en 2014.
Sin embargo, el último triunfo de Rousseff quedó marcado por la corrupción, el escándalo Lava Jato y otras cuestiones. La gobernante, quien en marzo de 2016 intentó proteger a Lula al nombrarlo en el estratégico puesto de jefe de gabinete, en el que sólo duró unos seis días, fue suspendida temporalmente de su cargo por el Senado de Brasil en mayo siguiente (por un diferendo presupuestario), y de forma definitiva a partir de agosto del año pasado.
De manera paralela, el cerco judicial se intensificó sobre Da Silva para llegar a la histórica sentencia de ayer
