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El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva proclamó ayer su intención de presentarse a las elecciones de 2018 pese a su condena a casi 10 años de prisión por corrupción, dando un nuevo giro a la dilatada crisis política de Brasil.
“Si alguien quiere sacarme de juego con esa sentencia, tiene que saber que sigo en el juego”, aseguró en tono combativo Lula, un día después de que Sergio Moro, el juez de primera instancia encargado de la operación Lava Jato, hiciera pública su sentencia.
Negando todas las acusaciones y considerándose víctima de una “cacería” judicial, el ícono de la izquierda latinoamericana reafirmó en una rueda de prensa en Sao Paulo que no tirará la toalla. “A partir de ahora, voy a reivindicar del PT [Partido de los Trabajadores] el derecho de postularme a la candidatura de 2018”, declaró el ex mandatario (2003-2010) aclamado por sus simpatizantes.
El ex presidente, quien enfrenta otras cuatro causas penales, puede apelar la sentencia en libertad y sólo vería impedida su candidatura si fuera condenado en segunda instancia.
Lula encarna la alta polarización en el gigante latinoamericano, dado que es tanto el favorito para los comicios de 2018 como el político con mayor rechazo entre los precandidatos: el salvador de los pobres para algunos o el líder de la red corrupta en Petrobras para otros.
Vestido con su habitual polo rojo del PT, Lula, el ex dirigente sindical que enfrentó a la dictadura militar (1964-85) y colocó a Brasil en el mapa, al sacar a 30 millones de la pobreza, declaró: “Lula, con 71 años, cerca de cumplir 72, está decidido a pelear de la misma forma que cuando tenía 30 años. El único que tiene el derecho a decretar mi fin es el pueblo brasileño”.
Sergio Moro, para muchos un emblema de la lucha anticorrupción, condenó a Lula a nueve años y medio de cárcel por corrupción y lavado de dinero; la acusación afirma que es el propietario de un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá (Sao Paulo) ofrecido por la constructora OAS a cambio de su influencia para obtener contratos en Petrobras.
Pero para el ex mandatario, la condena es una estrategia para destruir al PT, que en 2016 cerró un ciclo de 13 años de gobierno cuando su sucesora y ahijada política, Dilma Rousseff, fue destituida por el Congreso acusada de manipular las cuentas públicas, y reemplazada por el conservador Michel Temer.
Éste logró ayer un triunfo parcial cuando una comisión especial del Congreso pidió rechazar la reciente denuncia por corrupción contra el mandatario. El pleno de la Cámara de Diputados debe dar el veredicto definitivo, posiblemente la próxima semana, sobre si la denuncia contra Temer procede o no. En la práctica, la recomendación de la CCJ influye poco en el parecer final de los parlamentarios.
La fiscalía brasileña pide juzgar a Temer por cargos de corrupción, lavado de activos y obstrucción a la justicia en un escándalo relacionado también con la megacausa Lava Jato.
