Managua.— “No siempre hay que confiar en el cura”, porque “el que viste sotana puede ser un violador en potencia”. Tampoco significa que, sólo por su vestimenta, los sacerdotes católicos sean “los mejores” seres humanos del mundo.

Con estos y otros calificativos, el aparato de propaganda del gobierno de Nicaragua arreció una campaña de desprestigio generalizado de la jerarquía católica, sin marcar diferencias y basado en denuncias de abusos sexuales cometidos por sacerdotes en varios países del mundo.

“Depravación entre los muros de la Iglesia católica”, destacó El 19, periódico digital oficialista. “Escalofriantes relatos de las víctimas de los sacerdotes pedófilos en Pensilvania”, reveló la progubernamental Radio Ya. En sus medios, el oficialismo recomienda a los nicaragüenses desconfiar de obispos y sacerdotes.

Aunque el despliegue se apegó a los hechos noticiosos, coincidió con un momento crucial de la crisis interna. En Nicaragua, la Iglesia católica es pieza clave en las protestas que iniciaron el 18 de abril.

La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) se ha desempeñado como mediadora entre el gobierno y el movimiento opositor en un diálogo que se realizó en mayo y junio, pero que de momento está suspendido.

 

La cúpula católica nicaragüense cumplió una tarea esencial en los asuntos nacionales en los últimos 25 años del siglo XX.

El cardenal Miguel Obando y Bravo (quien falleció en junio pasado) fue aliado del presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo desde antes del retorno al poder en 2007 del ahora gobernante y, en un acto de ribetes políticos, les casó en 2005.

En púlpitos y redes sociales, obispos y sacerdotes de Nicaragua y el cardenal nicaragüense, Leopoldo Brenes, han culpado al gobierno de violaciones a los derechos humanos en las revueltas con fuerzas policiales y paramilitares al servicio de Ortega.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos aseguraron que la cifra de muertos desde abril oscila entre 300 y 448 con desaparecidos, heridos y detenidos; el gobierno alegó que son 198 fallecidos.

Brenes responsabilizó a turbas oficialistas de agredir físicamente a sacerdotes y atacar templos católicos a balazos. La pareja presidencial negó las acusaciones y replicó que la violencia fue provocada por los opositores, a los que tildó de terroristas.

En una fallida gestión a inicios de este mes, el canciller nicaragüense Denis Moncada solicitó al Vaticano intervenir para “reestructurar” la comitiva de la CEN en el diálogo y que sólo participen obispos con “un comportamiento ecuánime”.

Ortega recortó el 14 de agosto anterior de 140 mil dólares a 60 mil dólares el aporte anual del gobierno a la Arquidiócesis de Managua y a otras diócesis. “No quiero pensar que fue una venganza” por denunciar la represión oficialista, alertó Brenes.

Ayer, el cardenal Brenes afirmó que el Episcopado está listo para llamar a la continuación del diálogo para superar la crisis. “Cuando las partes nos digan que están listas para reunirse, nosotros estamos listos”, dijo.

En tanto, paramilitares y policías atacaron una caravana opositora que iba de Managua a Masaya para sumarse a una marcha en apoyo a la Iglesia católica de Nicaragua.

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