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A menos de 24 horas de ser ratificada y aumentada la condena por corrupción a Luiz Inácio Lula da Silva, el Partido de los Trabajadores (PT) cerró filas y lanzó oficialmente su candidatura a la Presidencia de Brasil, una estrategia que el mandatario aseguró que no es “para protegerse” de la Justicia.
“No estoy queriendo ser candidato para protegerme. Mi protección es mi inocencia”, dijo Lula ante la comisión nacional del PT, reunida en Sao Paulo y en la que participó la plana mayor de la formación política de izquierda brasileña.
“Lo que me indigna es que estamos siendo víctimade una trama premeditada”, agregó al acusar a los magistrados, a la policía federal, a la Fiscalía y a la prensa del país de querer dejarle fuera de la carrerahacia un tercer mandato presidencial.
“No hay ninguna razón para respetar la decisión [judicial] de ayer”, aseveró, lanzando un desafío a la Justicia, que podría no solo inhabilitarle por la condena a 12 años y un mes de prisión porcorrupción y lavado de dinero, sino también desembocar en su ingreso en prisión en los próximos meses.
Negó de nuevo la propiedad del departamento de tres plantas que el Ministerio Público y los jueces le atribuyen a cambio de favores políticos a la empresa constructora OAS, y pidió movilización social para permitir que la izquierda vuelva al poder en los comicios de 2018.
“No puedo aceptar que cualquier canalla en este país me llame ladrón”, aseveró, antes de que fuera aclamado por miembros de su partido al grito de “¡Brasil, urgente, Lula presidente!”.
La expresidenta Dilma Rousseff, destituida en 2016 por un juicio político que la izquierda considera un “golpe”, instó a “la lucha”.
“La lucha más decisiva es la que se hace en las calles”, dijo Rousseff, quien añadió: “lo que hay que hacer es: luchar, luchar y continuar luchando”.
"Estamos aquí para reafirmar la candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Será nuestro candidato", dijo por su parte Gleisi Hoffmann, senadora y presidenta del PT.
De esta forma, el PT adopta la estrategia de cerrar filas ante Lula da Silva a pesar del riesgo que supone la condena en segunda instancia pronunciada, ya que podría dejar a la mayor formación de izquierda del país sin candidato a meses o incluso semanas de las elecciones, cuya primera ronda se celebrará el 7 de octubre.
El PT y el propio Lula da Silva optan de esta forma por hacer frente a la decisión judicial por medio de la movilización social, amparados por las encuestas y sondeos que dan al expresidente una intención de voto de 36%, por delante de cualquier otro candidato del espectro político brasileño.
Con todo, juristas y analistas advierten que, agotados los recursos en segunda instancia, Lula da Silva podría ser encarcelado, lo que sucedería en un plazo menor a dos meses.
