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La Oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) llegó a una contundente conclusión: el gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ordenó una respuesta represiva a las protestas pacíficas antigubernamentales que estallaron el pasado 18 de abril y desplegó “el uso de la fuerza letal” de las autoridades policiales y paramilitares en contra de amenazas no letales.
En un documento basado en el “análisis de la información disponible” y que divulgó este miércoles en Nicaragua, el organismo internacional determinó que “se puede concluir que la respuesta global de las autoridades a las protestas no cumplió con los estándares aplicables sobre la gestión adecuada de manifestaciones, en violación del derecho internacional de los derechos humanos”.
“Aunque algunas manifestaciones se tornaron violentas, la mayoría de los manifestantes fueron pacíficos”, aseguró, en un informe denominado “Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua” del 18 de abril al 18 de agosto de 2018.
“La OACNUDH ha podido también concluir que, en casos en los que hubo actos de violencia por parte de los manifestantes, el uso de la fuerza letal por parte de las autoridades en contra de amenazas no letales, así como la utilización de grupos armados progubernamentales también fueron violatorios del derecho internacional de los derechos humanos. La respuesta de las autoridades reprimió sistemáticamente la disidencia al gobierno”, sentenció.
Negación
El gobierno de Ortega rechazó las acusaciones y, en una respuesta que envió a la OACNUDH, reprochó que “el título del Informe prejuzga la actuación del Estado al dejar por sentado supuestas violaciones de derechos humanos e incorpora en si mismo afirmaciones a priori, carentes de objetividad y que no están sustentadas”.
“Asimismo, se mantiene el concepto de protestas como el marco donde sucedieron esos hechos obviando que lo sucedido en Nicaragua fue un intento de Golpe de Estado pretendiendo romper el orden constitucional. El Gobierno de Nicaragua rechaza la propuesta de informe presentado por la OACNUDH”, recalcó.
El gobierno de Ortega también expresó “su inconformidad por el plazo de 72 horas, que le fue otorgado para presentar nuestras observaciones al precitado informe, porque evidentemente no existe equidad, ni equivalencia de dicho plazo con el tiempo que utilizó la OACNUDH para elaborar el mismo, lo que deja al Estado en una situación de desventaja procesal, que pretende limitar nuestra defensa”.
“La OACNUDH se extralimitó al emitir este documento”, alegó.
“A partir del 18 de abril de 2018, se desarrollaron en nuestro país una serie de sucesos, encaminados a crear una situación de caos e inestabilidad social, económica y política, atentando y violentando la seguridad ciudadana, la vida, integridad psíquica y física de las personas, la propiedad pública y privada, la tranquilidad de las familias, el normal funcionamiento del gobierno y sus instituciones, entes privados y el derecho a la libre circulación de todo el pueblo nicaragüense, creando terror, miedo e intimidación”, insistió.
Con esos actos, adujo, “se pretendió socavar la legitimidad del gobierno de Nicaragua y romper el orden constitucional, intentando un golpe de Estado contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, por la vía de hecho y haciendo uso de la violencia”.
En un escenario previo de tensiones políticas, la crisis de Nicaragua se precipitó el 18 de abril anterior con el masivo repudio a la decisión que Ortega adoptó—y que luego debió derogar—para reformar la seguridad social, y que detonó un reclamo callejero cívico para exigir democracia y libertad, acusar a Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, de establecer una dictadura dinástica, exigir su renuncia y el anticipo de las elecciones de 2021 a 2019.
A partir de abril, estudiantes, obreros, campesinos, empresarios, sindicalistas, feministas y otros sectores de la sociedad civil participaron en gran cantidad de marchas en distintas partes del país que fueron reprimidas por fuerzas policiales y paramilitares del oficialismo, con un saldo que oscila entre más de 322 y 448 muertos, según organismos no estatales nicaragüenses e internacionales de derechos humanos.
Ortega y Murillo negaron ser culpables de la represión, rechazaron dimitir y adelantar los comicios y replicaron que los opositores respondieron a un intento del gobierno de Estados Unidos aliado con fuerzas derechistas de Nicaragua para promover un golpe de Estado y se convirtieron en golpistas, terroristas, vandálicos y delincuentes.
Recuento
En su informe, la OACNUDH describió que “las violaciones de derechos humanos” que documentó “incluyen el uso desproporcionado de la fuerza por parte la policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales”.
También registró “desapariciones forzadas; obstrucción del acceso a la atención médica; detenciones arbitrarias o ilegales con carácter generalizado; frecuentes malos tratos y casos de torturas y violencia sexual en los centros de detención; violaciones a las libertades de reunión pacífica y expresión”.
Asimismo, comprobó “la criminalización de los líderes sociales, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y manifestantes considerados críticos con el gobierno. Al momento de redacción del presente informe, el número de protestas se ha visto reducido, lo que indica el efecto inhibitorio de la represión ejercida”.
“La información obtenida por la OACNUDH aporta claros indicios que elementos armados progubernamentales, incluyendo aquellos conocidos como ‘fuerzas de choque’ o ‘turbas’, han actuado con el beneplácito de autoridades estatales de alto nivel y de la Policía Nacional, muchas veces de forma conjunta y coordinada”, detalló.
“Estos grupos”, prosiguió, “participaron en redadas y ataques contra manifestantes y llevaron a cabo detenciones ilegales. Si bien el Gobierno ya no niega la existencia de estos elementos armados progubernamentales, aprueba sus acciones y les permite operar con impunidad”.
“La crisis de derechos humanos en Nicaragua continúa y las autoridades siguen recurriendo a campañas de descrédito, amenazas de persecución penal, despidos arbitrarios de funcionarios públicos y otras formas de acoso e intimidación en contra de aquellos percibidos como críticos del Gobierno”, alertó.
