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Washington.— La administración Trump dio ayer un paso más en su guerra contra ciudades, condados o estados “santuario”, aquellos que se niegan a colaborar con el gobierno federal en la deportación de inmigrantes. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cumplió con el mandato presidencial y publicó ayer una lista de los inmigrantes con sentencias delictivas que no han sido transferidos al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para su deportación.
Siguiendo las órdenes de un decreto firmado el 25 de enero, el ICE lanzó su primer listado de territorios que no cooperan al liberar migrantes deportables que han cometido un delito.
En adelante, la lista será semanal. La primera, la de ayer, destaca que entre el 28 de enero y el 3 de febrero el ICE emitió 3 mil 83 órdenes de detención a inmigrantes, de las cuales 206 no se ejecutaron por la negativa de varios condados de colaborar con los agentes de migración.
Tal y como manda la normativa, el DHS registrará a partir de ahora de todos los departamentos policiales que liberaron a inmigrantes que cometieron un delito y eran sujetos a la deportación, con el objetivo de “informar mejor al público sobre las amenazas a la seguridad pública en esas jurisdicciones santuario”. Por ello, el documento señala las más de 115 jurisdicciones que se niegan a colaborar.
“Es una campaña de educación para mostrar al pueblo estadounidense lo que hacen nuestros agentes diariamente y para mostrar qué jurisdicciones no cumplen con las normas”, dijo un alto funcionario que pidió el anonimato en una llamada con la prensa, de acuerdo con EFE.
El ataque a los lugares “santuario” fue una de las piezas clave de la campaña de Donald Trump. Una vez en la Casa Blanca amenazó con quitarles fondos federales en caso de no cooperar en las tareas de migración. Ciudades como Nueva York o Chicago se mantuvieron firmes en su decisión de no ordenar a sus policías locales actuar como fuerzas migratorias, y se exponen a pérdidas multimillonarias en fondos llegados desde Washington.
No extraña que, entre los condados que menos han colaborado y que más inmigrantes han liberado a pesar de tener historial delictivo, estén los que incluyen estas ciudades.
No obstante, el listado es también una forma de criminalizar la migración, otro de los elementos característicos de la retórica del presidente de Estados Unidos.
El DHS aprovechó su aviso a los lugares “santuario” para señalar su conocimiento de los datos de aquellos inmigrantes liberados por las autoridades, agregando al informe la nacionalidad de los extranjeros, su delito y el condado donde ocurrió.
Según la revisión realizada por EL UNIVERSAL de los 206 casos no reportados a ICE y a los que no se ejecutaron retenciones que podían acabar en deportación, la aplastante mayoría son mexicanos (143 casos, 70.44% del total). A mucha distancia siguen los hondureños, guatemaltecos y salvadoreños.
Del análisis del registro presentado sobresale el componente racial de la medida: 98% de los casos reportados son de inmigrantes de origen latinoamericano.
Los cargos por los que están acusados (algunos incluso condenados) son variados, y van desde la violencia doméstica hasta la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas, pasando por atracos o agresiones sexuales.
