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Los Ángeles, California
“Lo había escuchado de otras familias y no podía imaginar lo doloroso que podría ser, pero ahora nos sucedió a nosotros”, dice consternada Ruthy Saldívar, hija menor de María Alida Guzmán de Saldívar, una mexicana originaria de Colima, quien llegó junto con su esposo, Héctor Saldívar, a Los Ángeles en 1989. Su mamá no fue deportada de la Unión Americana, ella salió voluntariamente para hacer un trámite que le pedían.
“No sucedió de una redada ni nada parecido, ella fue con mi papá al Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez —Chihuahua— para que le dieran su green card —visa de residencia legal—, eso era todo, después de casi 30 años en el país, sin problemas con la ley, pagando impuestos, un esposo naturalizado y hasta dos hijos nacidos aquí, pues quién se iba a imaginar que le iba a pasar eso”, describe con enojo y llanto Ruthy.
Doña Alida, de 58 años, llegó al Consulado de EU en Ciudad Juárez, tal y como se lo pidió la Dirección de Aduanas e Inmigración estadounidense (ICE) y una vez ahí, la acusaron de tráfico de humanos. “¿Se imagina que algo así pudiera ocurrir?”, suelta desesperada la pregunta esta joven mexicano-estadounidense nacida en Los Ángeles, California. “Le dijeron que no podía regresar a Estados Unidosporque hace 29 años, cuando cruzó la frontera sin papeles e ingresó de indocumentada, llevaba a sus tres hijos —los mayores nacidos en México— de cuatro años, de dos y de nueve meses —en ese entonces—, ¡y que eso la convertía en traficante de humanos! ¿Pueden creerlo?”, comenta aún sorprendida y frustrada.
Esta acusación, hecha el 2 de enero pasado, puso a la señora María Alida contra las cuerdas legales de inmigración en Estados Unidos, que le prohibió regresar al menos en 10 años. En ese momento, y al darse cuenta la pareja de que no podían hacer nada, tuvieron que tomar decisiones inmediatas. Alida tomó un transporte y se fue a Guadalajara con familiares, mientras que don Héctor regresó a Los Ángeles a hablar con sus cinco hijos y ver qué se podía hacer.
“Yo me sentía muy impotente y la ilusión que llevábamos para que mi esposa ya fuera residente legal y no tuviera más temores al salir a la calle se convirtió en un infierno, una frustración, una indignación que no se lo deseo a nadie”, describe don Héctor. “Para colmo, al llegar a Los Ángeles me comencé a sentir mal, muy mal, tanto que terminé en el hospital, no sabíamos si era el estrés, coraje o lo que decían los médicos, de un virus o no sé qué”.
Héctor Saldívar, originario de Jalisco, se había logrado hacer ciudadano cuatro años atrás. “De inmediato hice todas las solicitudes para pedir la legalización de mi esposa, incluso tramitamos un perdón que le dieron, por haber estado en el país —EU— de indocumentada o ilegal como ellos dicen, pero la perdonaron; no sabemos por qué diablos el de migración del Consulado le negó la residencia y peor, la acusó de tráfico humano, ¡están locos!”, dice.
Los dos hijos mayores del matrimonio Saldívar están protegidos por el DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) y los dos menores nacieron en California. Ruthy es la más chica, tiene 18 años y estudia enfermería.
“Es una situación muy triste, muy triste de verdad”, señala Ruthy. “Mi mamá llama o le llamamos, pero hablamos todos los días y está triste igual que nosotros; no hay manera de consolarla a ella ni a nosotros”, dice pausada. “Todos mis hermanos y yo somos muy apegados a mis papás, pero más conmigo. Mi mamá y yo tenemos una relación muy especial; todo le cuento, todo le consulto, la extrañamos mucho, es increíble lo que está pasando, de verdad”, relata.
La parte afectiva no es la única que se ha visto afectada. “La economía familiar se ha debilitado, las deudas han crecido y aunque mis hijos están apoyando la defensa de su mamá y todos ponemos lo que podemos, a veces no es suficiente para que avance rápido”, comenta don Héctor, quien es camionero. “Yo quisiera poder hacer más, por mi esposa y por mis hijos, traer más dinero, pero la cosa no está fácil”, manifiesta en voz más baja.
Para algunos especialistas en inmigración como el abogado Alex Gálvez, la administración de Donald Trump ha endurecido las observaciones y las tomas de decisión de los agentes federales a la hora de otorgar una residencia legal o una visa; sin embargo, y a pesar de las circunstancias, “no todo está perdido”, asegura Gálvez. “En este tipo de situaciones el tiempo es el mejor aliado, un perdón había sido aprobado y eso van a tener que respetarlo y, en todo caso, hay que someter otros perdones y todo se va a ir resolviendo; en mi opinión va a tomar poco menos de un año para que la señora Saldívar regrese a su hogar con su familia”, confía el especialista en inmigración, quien tiene una gran trayectoria de éxitos en su carrera como abogado defensor de los migrantes en EU.
“La realidad de las cosas, y para que lo sepan, es que la ley de este país —EU— sí califica como pollero o coyote a los propios padres que cruzan a sus hijos. Lo que pasa es que este renglón no lo habían aplicado tan duramente en el pasado y apenas ahorita, como están las cosas con Trump, los agentes lo aplican al pie de la letra, se han vuelto muy duros”, dice.
Don Héctor recuerda que efectivamente “una de las preguntas que le hicieron a mi esposa es si había cruzado sola o con hijos y ella, para no mentir, porque se supone que luego es peor, dijo la verdad y pues fue ahí donde le dijeron que no podían darle su green card y que quedaba registrada como traficante de humanos”.
“Lo único que mi esposa no quería era mentir y ni modo que dejáramos a nuestros hijos en México; hay gente que lo hace, pero nosotros no”, explica.
Al final de esta historia, “todo se va a arreglar, el caso de la señora Saldívar tiene muchos elementos a su favor”, insiste Gálvez, quien recomienda a quienes tienen que salir de Estados Unidos para ir a realizar el trámite de su residencia legal a Ciudad Juárez —Chihuahua— que “tomen en serio si cruzaron con sus hijos de manera indocumentada o si después de llegar pagaron a algún coyote para que los cruzara, eso será calificado como tráfico humano y les van a negar la residencia y los van a castigar por 10 años; antes de ir a Ciudad Juárez asesórense con un especialista, en muchas circunstancias pueden pedirse perdones y salvar la situación”.
“Confiamos mucho en que mi mamá va a regresar mucho antes de lo dicho por los agentes y tenemos mucha fe en nuestro abogado”, concluye Ruthy. “Ha sido una lección muy dolorosa y espero que sirva a otras personas conocer nuestra historia”.
