Washington.— La administración de Donald Trump suspendió ayer las normas de contaminación obligatorias para los coches, una decisión que el gobierno de California, estado puntero en vehículos “limpios”, calificó de “estúpida”.

Las nuevas reglas, menos exigentes, han sido propuestas conjuntamente por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y la Agencia de Seguridad Vial (NHTSA). Suspenden la orden dada por la administración de Barack Obama a los fabricantes de automóviles de construir más vehículos menos contaminantes y más eficientes en el consumo de combustible, incluidos coches híbridos y eléctricos.

Denominadas “CAFE” (Corporate Average Fuel Economy), esas normas preveían aumentos graduales de la autonomía de los vehículos hasta alcanzar un objetivo de unos 100 kilómetros por cada 4.32 litros en 2025.

No fueron establecidas por vehículo sino por gama de cada compañía fabricante. Para cada modelo que consume mucho combustible, debía fabricarse también un modelo que consuma poco o nada (por ejemplo coches eléctricos), y el promedio de consumo de las gamas debía cumplir con la norma ahora suspendida.

Los nuevos estándares limitan el objetivo a 60 kilómetros por cada 4.32 litros después de 2021 y apuntan a eliminar la exención para ciertos estados, como California, de establecer reglas aún más estrictas que el resto del país en esta materia. Doce estados lo hacen y animan así a los fabricantes de coches a alinearse con sus normas en lugar de con las federales.

 

El gobierno de Trump asegura que las normas precedentes causan un alza en los precios de los nuevos vehículos y llevan a los conductores a mantener automóviles más contaminantes. De hecho, considera que se producirían mil muertes menos en las carreteras. “Mantener los niveles exigidos previamente añadirían 2 mil 340 dólares al coste de compra de un coche, e impondrían más de 500 mil millones en costes totales a la economía”, agrega.

La Alianza de Fabricantes de Automóviles de Estados Unidos (AMA) y los Fabricantes de Automóviles Globales, que agrupa a las grandes industrias como General Motors, Ford, Fiat Chrysler y Toyota, aplaudieron la iniciativa.

En contraste, el gobernador de California, Jerry Brown, tuiteó que “California luchará contra esta [decisión] estúpida con todos los medios a su disposición”. Además de este estado, otros 17 y la capital, Washing-ton DC, anunciaron su intención de demandar al gobierno para frenar sus iniciativas.

Veinte fiscales generales escribieron una carta conjunta señalando que “las normas federales para limitar la polución de los tubos de escape y mejorar la economía del petróleo son nuestra mejor estrategia para reducir la contaminación provocada por el carbono, mejorar la calidad del aire y ahorrar a los conductores dinero en gasolina”. “Estamos preparados para ir a tribunales para frenar este plan irresponsable e ilegal”, dijo la fiscal general de Nueva York, Barbara Underwood.

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