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Sin un cambio sustancial en la más grave crisis socioeconómica, política e institucional de Venezuela del siglo XXI, en el corto plazo habrá un mayor flujo masivo de venezolanos de ambos sexos que serán atrapados por las redes internacionales de trata de personas con fines de explotación sexual comercial para ofrecerlas en prostíbulos, casas de citas, hoteles, cantinas y restaurantes en América Latina y el Caribe.
La advertencia fue planteada por el informe Trata de personas, trabajo forzoso y esclavitud moderna, difundido en Caracas, elaborado por las abogadas venezolanas Beatriz Borge y Lilian Aya en asociación con la embajada de Reino Unido en Venezuela y las organizaciones no estatales Paz Activa y Centro de Justicia y Paz.
“De no existir un cambio sustancial en la situación socioeconómica de Venezuela, mayor será la cantidad de ciudadanos que se hallarán en condiciones de engrosar el número de víctimas y victimarios de esta modalidad de crimen organizado y sus variantes”, alertó el estudio, del que EL UNIVERSAL obtuvo una copia.
“El caso de Venezuela supone además desafíos particulares agregados, al experimentar en la actualidad una inédita crisis humanitaria. Uno de los aspectos que se debe revisar con detenimiento es la migración masiva de venezolanos en los últimos años”, destacó, al subrayar que entre las razones por las que abandonan el país resaltan “la inseguridad personal, la incertidumbre política, el desempleo, la pobreza estructural y las dificultades para desarrollar la vida cotidiana [deterioro de los servicios públicos, escasez de alimentos y medicinas, entre otros], que hacen del exterior una opción de búsqueda de oportunidades. Esta situación puede acrecentar la vulnerabilidad de los ciudadanos a ser víctima de las distintas modalidades de esclavitud moderna, como la trata de personas y la explotación sexual de mujeres y niños”, agregó.
“Se sabe”, prosiguió, “que este es un delito del que mayoritariamente son víctimas las mujeres y niñas de escasos recursos, además de los grupos sociales minoritarios [población indígena y población transgénero], quienes resultan más afectados por la esclavitud moderna”.
El informe aseguró que “a pesar de los esfuerzos de algunas organizaciones sociales, religiosas e iniciativas individuales que desde la administración pública tratan de impulsar el tema, la trata de personas continúa no sólo presente en la sociedad venezolana, sino que tiende a complejizarse y extenderse como resultado del delicado contexto nacional”.
Escenario favorable.
En una entrevista con este diario, Aya afirmó que “lamentablemente la situación de corrupción tan grande que existe en Venezuela está favoreciendo el comercio fundamentalmente de mujeres para la explotación sexual. No me cabe la menor duda”.
La crisis venezolana continuó agravándose en las últimas semanas con la advertencia de que recrudecerá luego de los comicios presidenciales del próximo 20 de mayo, en donde el presidente Nicolás Maduro se consolidó como favorito para triunfar con un sistema electoral controlado por el régimen chavista que se instaló desde febrero de 1999.
En Colombia está el control del negocio, con centenares de venezolanas que emigraron de Venezuela a América Latina y el Caribe para convertirse en víctimas de la trata de personas para la explotación sexual comercial y quedaron acorraladas en una modalidad de la esclavitud moderna con la prostitución forzada, según reveló una investigación de EL UNIVERSAL.
Una mafia colombiana de paramilitares, microtraficantes de drogas y de armas, bandas criminales y policías, militares y oficiales de migración corruptos emergió hace varios años como pieza clave de una operación que atrapó a las venezolanas para prostituirlas principalmente en México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana y Ecuador. El problema de la prostitución de venezolanas causó dificultades en los últimos meses en México, por el asesinato de varias mujeres de esa nacionalidad en el ejercicio de su labor.
Sin respuesta.
El informe precisó que Venezuela carece de una política pública para prevenir o responder al fenómeno de la trata de personas con fines de explotación sexual comercial. No fue posible obtener una reacción del gobierno de Maduro a las denuncias planteadas por el estudio.
Al señalar la ausencia de políticas públicas, la investigación determinó que “adicionalmente, es imperativo encarar el deterioro de la calidad de vida del venezolano. Los factores de vulnerabilidad o de riesgo de la trata de personas en la sociedad venezolana actual tienen un pronóstico reservado, acercándose cada vez más a una condición de extrema gravedad”. “El Estado venezolano no cuenta con una política pública que impulse acciones estratégicas para la prevención de este delito”, precisó.
Según el documento, la cifra de venezolanos de ambos sexos víctimas del negocio aumentó 300% en dos años, ya que de un recuento de 60 mil 900 que sufrieron trata de personas de 2014 a 2016 se pasó en 2018 a 198 mil 800 y la proyección es que, si el proceso “no se detiene”, en 2020 llegará a 600 mil.
