Más Información
Los abogados de un mexicano condenado a muerte en Texas por el secuestro y asesinato de su prima de 16 años hace más de dos décadas, acudieron el miércoles a una corte federal para tratar de frenar su ejecución.
Está programado que Rubén Ramírez Cárdenas reciba la inyección letal el miércoles en la tarde por el asesinato en febrero de 1997 de Mayra Laguna en el Valle de Río Grande, en el sur de Texas.
La estudiante de secundaria fue secuestrada de su dormitorio en el apartamento de la familia en McAllen y su cadáver fue hallado más adelante en un canal cerca de un lago.
En una confesión a la policía, Ramírez dijo que él y un amigo se llevaron a Laguna en el auto de su madre, que él tuvo relaciones sexuales con ella y la mató a golpes cuando ella peleó con él luego que la desató para dejarla ir.
El amigo que iba con él, José Antonio López Castillo, hoy de 45 años, fue sentenciado a 25 años de prisión por secuestro agravado.
Ramírez, de 47 años, sería el séptimo condenado ejecutado este año en Texas, que realiza más ejecuciones que ningún otro estado.
"Yo no planeé hacer eso, pero estaba drogado con cocaína”, les dijo a las autoridades.
Declaró que después que él la golpeó en el cuello, la muchacha comenzó a toser sangre y tener problemas para respirar. Dijo que tras no conseguir resucitarla, la ató y “la dejó rodar a un canal”.
Esta semana, el máximo tribunal de apelaciones de Texas rechazó una apelación de los abogados de Ramírez que solicitaba nuevos análisis de ADN. Los abogados argumentaron que los nuevos análisis serían mejores que los análisis ahora obsoletos que dejaron “dudas persistentes sobre su culpabilidad y la integridad de su convicción”.
"Vamos a presentar varias apelaciones en una corte federal”, dijo el martes la abogada Maurie Levin.
Las cortes en el estado rechazaron además argumentos de que declaraciones de testigos contra Ramírez eran dudosas, que poca evidencia física le conectaba con el crimen y que la confesión fue obtenida luego de horas de aislamiento e interrogatorios intensos.
Los fiscales dijeron que el pedido de nuevo análisis de ADN buscaba aplazar la ejecución y confundir la situación. Dijeron además que Ramírez había llevado a las autoridades a la escena del crimen y proveyó información no revelada públicamente.
En un comunicado el lunes, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo que seguirá "insistiendo hasta el último minuto" para lograr que se suspenda la sentencia contra Ramírez.
