En México siete de cada diez empresas tiene problemas con el licenciamiento del software que utilizan, lo que aumenta el nivel de amenazas informáticas y también puede derivar en multas e incluso en clausuras.
Datos de la BSA, organización global de defensa de la industria del software, indican que en el 2011 la piratería en México alcanzó un 57 por ciento, el equivalente a pérdidas económicas por mil 249 millones de dólares, debido a la lo cual el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ha aumentado sus campañas y revisiones para prevenir y eliminar las prácticas ilegales en las empresas.
Miguel Ángel Margáin, director general del IMPI, detalló que en 2013 se amplió la base de acciones legales para proteger la propiedad intelectual, por lo que se realizaron mil 59 visitas de inspección a empresas luego de las cuales alrededor de la mitad se regularizó, mientras que se procedió a la clausura de ocho establecimientos que se opusieron a la revisión de sus equipos de cómputo.
Para conocer la situación de uso de software entre las empresas mexicanas, Parametría llevó a cabo una encuesta nacional de acuerdo a la cual las organizaciones pueden clasificarse en cuatro grupos: las Modelo, que representan el 33 por ciento, se basan en buenas prácticas y conocen las acciones que son ilegales. Las Evasivas, un 18 por ciento, aseguran tener buenas prácticas, pero en la realidad no las llevan a cabo pese a saber que es ilegal la piratería. Las Desinformadas dicen tener buenas prácticas, pero no es así pues no saben que es ilegal, este sector llega a un 19 por ciento. Finalmente las Flagrantes, un 30 por ciento que reconocen abiertamente el uso indebido de software.
Ello pese a que las compañías reconocen que requieren de los programas de cómputo para operaciones críticas como crédito, auditoría, compras y cobranza.
En la mayoría de los casos son las organizaciones con intereses comerciales en el extranjero, que manejan algún estándar de calidad y cuidan la imagen ética de sus negocios, las consideradas modelo.
COMPAÑÍAS TECNOLÓGICAS SON DE LAS MÁS ‘PIRATAS’
Entre más tecnología utilizan las organizaciones, son más proclives a utilizar programas ilegales, lo que representa un problema, pues las empresas mexicanas pueden considerarse usuarias intensivas de las TI, ya que entre 60 y 90 por ciento de los empleados de esas organizaciones tienen computadora.
Se destaca que el tamaño de la empresa no es un indicador de prácticas ilegales, pues en el sector micro y grande el porcentaje es de 68 por ciento; 70 por ciento en pequeñas y 63 por ciento en medianas, parte del problema se debe a que sólo en el 21 por ciento de los casos es el encargado de Sistemas el que toma la decisión de compra de software, y 53 por ciento no tiene una política relacionada con la adquisición de estos programas; hecho importante, pues 80 por ciento de los encuestados opina que la incorporación de políticas alentaría el uso de software legal.
Las prácticas ilegales más frecuentes son la descarga de programas de cómputo desde Internet y las copias no autorizadas, ocasionando problemas como vulnerabilidad en 29 por ciento de los casos y 22 por ciento presentó pérdidas de información.
Los sectores de creación de soft- ware, educación y construcción son los más propensos al consumo ilegal de programas de cómputo, del lado contrario se ubican la industria financiera y manufactura.
Por esta situación, se emprendieron diversas acciones para concientizar a los empresarios y prevenir la adquisición de software ilegal. En los casos en que se sospecha de una irregularidad en las empresas se envía un aviso invitando a la regularización, de hacer caso omiso se pueden imponer multas desde 5 mil y hasta 40 mil días de salario mínimo, o clausuras temporales por 90 días. En caso de reincidencia se procede a la clausura definitiva.
Sin embargo Kiyoshi Tsuru, director general de la BSA México, afirma que es difícil que las empresas regresen a las malas prácticas, “porque cuando el software es legítimo obtienen un valor agregado, soporte técnico y apoyo de la compañía detrás”. Agregó que el costo ya no es una razón para violar la ley, “no es una cuestión de precio, hay nuevos modelos de negocios como la suscripción que les permite usarlo solo cuándo lo necesiten”.
Tsuru reconoció el trabajo de las autoridades, “en 20 años, por primera vez hay consecuencias contundentes e inmediatas”, y confió en que las cifras correspondientes al 2013 registrarán una reducción en el uso de piratería de al menos un punto porcentual, aunque aceptó que es probable que en términos de dinero, se eleve la cantidad.
