Los procesos administrativos que se abrieron en contra de los investigadores de la Universidad Michoacana y El Colegio de San Luis, Rodrigo Núñez Arancibia y Juan Pascual Gay, respectivamente, concluyeron en su expulsión por 20 años del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), la pena máxima.
Eugenio Cetina Vadillo, director del SNI del CONACyT, aseguró que éstos son casos excepcionales y no responden a la generalidad del comportamiento de la comunidad académica del país.
En entrevista, luego de anunciar la expulsión de estos dos académicos al comprobarse los reiterados plagios, mencionó que los elementos que se tomaron en cuenta fueron las acusaciones formales de plagio.
“Ambos investigadores reconocieron haberlo cometido y ante la evidencia del plagio se tomó la decisión unánime de que esto no debía permitirse y que se debía conservar la integridad de CONACyT . Una vez que fue evidente el plagio, la decisión fue unánime en el sentido de su expulsión”, expuso.
Pascual Gay, explicó, se tomó la denuncia del escritor Guillermo Sheridan, quien también reveló en EL UNIVERSAL el plagio de un artículo de su autoría publicado en 1993 en la revista Vuelta, y que el ahora ex académico de El Colsan publicó en la revista Arrabal de Barcelona en 2000.
Acerca de Rodrigo Núñez Arancibia, precisó que la acusación formal la hizo la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde se desempeñó por 10 años como profesor de la Facultad de Historia y después como coordinador del posgrado en Historia.
En compañía de la doctora Julia Tagüeña Parga, directora adjunta de Desarrollo Científico del CONACyT, Cetina expuso que con estos dos procesos suman nueve los investigadores que han sido sancionados en los últimos cinco años por incurrir en faltas éticas dentro de sus actividades vinculadas a la investigación.
Precisó que en este lapso otros cuatro investigadores han perdido su membresía del SNI por plagio académico, mientras que los otros tres recibieron esta misma sanción al comprobarse que eran beneficiaros de dos esquemas de becas o por falsedad en los documentos para ingresar al SNI.
El 6 de julio, EL UNIVERSAL informó que la Universidad Michoacana concluyó su relación laboral con Rodrigo Núñez luego de que el Instituto de Investigaciones Históricas comprobó que un artículo publicado por él en 2014 pertenecía a la investigadora española Rosario Sevilla Soler.
Un día antes de que esta institución concluyera su relación laboral con el también ex coordinador de la Maestría en Historia, investigadores de universidades de Estados Unidos enviaron una carta a Eugenio Cetina en la que acusaron a Núñez Arancibia de plagiar la totalidad del libro colectivo Religion in New Spain, publicado en 2007 por la Universidad de Nuevo México.
Sobre el reglamento. Cuestionados acerca de los apoyos económicos que Núñez Arancibia recibió desde 2010 y Pascual Gay desde 2006 como miembros del SNI, Julia Tagüeña precisó que los reglamentos internos del CONACyT no contemplan su devolución.
“Es un tema que se está analizando, pero no está en el reglamento. El reglamento sí prevé cuál es el castigo a este tipo de acciones y las hemos podido utilizar. Prevé la existencia de una Junta de Honor, el trabajo de un Consejo de Aprobación. Sin embargo, la devolución del apoyo económico no está contemplada. Será motivo de análisis”.
Prospectivas del SNI. Julia Tagüeña resaltó que el trabajo de las comisiones dictaminadoras y revisoras del SNI es un aspecto importante para mantener la integridad de esta comunidad.
“Es muy importante dejar en claro la transparencia de las comisiones. Éstas actúan de buena fe, creyendo en la buena voluntad de los investigadores. Es una comunidad extremadamente honrada. Estos casos son los menos. Es muy raro que suceda algo así. Por supuesto que recibimos los expedientes de los investigadores dando por hecho que actúan de buena fe. Nunca cuestionamos que un título que salga de una institución prestigiosa pueda generar un problema”.
Acerca del trabajo que se realiza en los consejos editoriales de las revistas arbitradas, afirma que los criterios usados por ellas al momento de publicar un artículo quedan fuera del alcance de las comisiones revisoras.
“No cuestionamos los criterios de evaluación de las revistas. Es muy difícil para una comisión (dictaminadora o revisora) hacer ese tipo de análisis. Ellos no tienen acceso a las tesis con las que los investigadores obtuvieron sus grados. Las comisiones son fundamentales para la existencia del SNI. Su labor es invaluable”.
Sobre las declaraciones que Núñez Arancibia hizo el sábado al periódico La Tercera de Chile, en las que confesó la forma en la que realizó sus recurrentes plagios, Tagüeña acepta que se trató de una lección para el SNI.
“Sin duda hay una lección muy importante de todo esto, que el cambio hacia el mundo digital evitará. Si uno lee con cuidado estos casos que sucedieron, la forma en la que el doctor Sheridan encuentra esta repetición de su artículo es a partir del uso de herramientas digitales. La tecnología nos va a permitir evitar este tipo de situaciones. Cada vez existen más softwares que te permiten verificar. Sabemos que esto es algo que están haciendo las revistas y las instituciones para evitar plagios”.
Creado en 1984 para apoyar el desarrollo científico del país por medio de incentivos económicos a los investigadores de instituciones de educación superior, el SNI divide su padrón de beneficiados en tres niveles.
Cada año, las siete comisiones dictaminadoras, formadas por 14 miembros cada una, analizan miles de solicitudes de ingreso y promoción. Ante inconformidades por los fallos, los aspirantes pueden recurrir a las comisiones revisoras, formadas por otros siete evaluadores, que pueden avalar o rechazar la decisión de la dictaminadora.
Desde 2010, el presupuesto del SNI ha aumentado su gasto en apoyo a los científicos de 2 mil 402 millones a 3 mil 991 millones. La cantidad de miembros del SNI también ha crecido: en 2010 la lista rondaba los 16 mil 600, pero hasta 2014 superaba los 23 mil 300.
