No importa el partido político que esté gobernando, la policía siempre hace la misma actuación: denigrar, violentar, abusar, humillar a la población que por vocación debería de proteger, salvaguardar y procurar. ¿Por qué tienen una conducta tan inhumana hacia la población y en especial hacia los grupos vulnerables? Los gobernantes que ha tenido México a lo largo de su historia, pareciera hacerlos intocables, solo debemos recordar los casos de brutalidad policiaca a lo largo de la pandemia. El año pasado dos policías sometieron con violencia a Giovanni en Jalisco, argumentaron que solo “seguían las órdenes del gobernador para mitigar los contagios de Covid-19”, ese mismo día detuvieron, torturaron y mataron a Giovanni. En Tijuana, Oliver López murió asfixiado porque un agente le pisó el cuello hasta matarlo. Hace cuatro meses policías en Tulum fracturaron la columna de Victoria Salazar hasta ocasionarle la muerte. Hoy vemos con dolor y hartazgo que la historia se repite con José Eduardo, el joven a quien la fuerza policiaca de Mérida detuvo ilegalmente, golpeó y violó, provocándole la muerte. ¿Será acaso parte irremediable de nuestra historia como humanidad que las figuras de poder pisoteen nuestra integridad?
La ineficacia del Estado para garantizar seguridad puede incluso llegar a la aberración de fungir él mismo como agresor. El gobierno ha elegido siempre a la parte más pobre, inculta y moralmente baja de la sociedad para que haga ese trabajo y la ha armado, mas no capacitado para cumplir su trabajo. Nos sorprende su falta de humanidad y la clase política no hace realmente nada para cambiar esta situación.
Dentro de la brutalidad policiaca también entra la omisión en la procuración de justicia de los casos en los que las mujeres denuncian a su agresor, pero que para ellos no cumplen con los requisitos, porque consideran que: “son exageraciones”, “ellas se los buscaron”, “algo habrán hecho” o “no tienes suficiente evidencia física para que proceda tu caso”, esto haciendo referencia a las mujeres que al denunciar no tienen señas de maltrato físico a su parecer suficiente y que, por lo tanto, no merecen su atención. No olvidemos a Abril Pérez, quien había denunciado a su esposo por intento de homicidio, la policía solo le dio una orden de alejamiento, meses después es asesinada a tiros dentro de su auto. Ingrid Escamilla, quien también había denunciado a su pareja por violencia física, a falta de “pruebas contundentes”, según la policía, la acusación no procedió. Ingrid es desollada días después. Considero que para las autoridades es necesario presentarse moribundo a la hora de denunciar.
Una encuesta del Inegi del 2019 muestra lo común que es la violencia ejercida por policías en nuestro país. Se encuestaron 64,150 personas y el 75% afirmó haber sufrido maltratos tales como ser desvestido, asfixia. El 64% declaró sufrir agresiones físicas como patadas, puñetazos y descargas eléctricas. Si la detenida es mujer, además del maltrato psicológico y físico son agredidas sexualmente.
En algunos gobiernos de la República se ha optado por desaparecer a las policías municipales, esta “solución” no atiende de fondo el problema. Se crea con el nuevo gobierno la Guardia Nacional, que originalmente se planteó como institución civil y que abría una oportunidad para desmilitarizar al gobierno federal y transformarlo desde sus cimientos. Pero no fue así, la Guardia Nacional está conformada en su mayoría por militares y en cuyas tareas se encuentra la detención de personas. Esto es preocupante, en un estudio del World Justice Project muestra que el 88% de las personas detenidas por Marina y el 86% por el Ejército han sido torturadas al momento de su detención.
Aunque el que los abusos policiales estén haciéndose visibles es un signo positivo, no debemos olvidar que esto lo exhibe la sociedad civil, sin redes sociales no nos enteraríamos de las atrocidades e injusticias que suceden. Es trabajo y responsabilidad del gobierno informar a la ciudadanía de sus errores, así como es su deber brindarnos protección porque para eso los elegimos y les pagamos. Brindar seguridad a la población es nuestro derecho como ciudadanos y su obligación como gobierno, así como lo son la educación y salud. Dicho esto, quien nos gobierna debería ponerse a reflexionar en qué contexto se dan los numerosos casos de brutalidad y debería tener la necesidad urgente de cómo acabar con ella. Dentro de poco otra noticia ocupará los titulares y el tiempo de los medios, estas conductas serán normalizadas y todo seguirá igual: los policías sin capacitación, sin sensibilidad, sin sentido común y el gobierno sin hacer cambios de fondo. Los nombres como Abril, Ingrid, Giovanni, Oliver, Victoria, etc, etc etc y cientos de etcéteras más seguirán acumulándose si el gobierno que se autoproclama como pacifista y el más feminista, no toma el caso de José Eduardo como una oportunidad para hacer cambios en los reglamentos y protocolos de las instituciones policiales, cuyo objetivo principal sean la prevención y protección de la sociedad mas no el castigo, o la represión per se; no la humillación o causar dolor como método o el abuso de poder como estandarte. El gobierno tiene la obligación de capacitarlos, desde protocolos de detención y sometimiento, uniformar criterios, profesionalizar a sus elementos, mejorar sus condiciones laborales, la creación de cuerpos de control externos para evitar la impunidad de quienes abusan, porque la impunidad incentiva estas conductas. Todo lo anterior para brindarle a la población la seguridad profesional que merecemos y así nuestros impuestos sirvan para lo que fueron concebidos.
José Eduardo le presenta a nuestro gobierno de nuevo la oportunidad de un cambio en los cuerpos policiacos de nuestro país. En quienes dirigen nuestro destino, está elegir esa evolución o que el joven sea solo una estadística más.