Barcelona.— Shakira está “convencida” de que la querella contra ella que ha presentado la Fiscalía de Barcelona por seis presuntos delitos fiscales pretende utilizarla como “chivo expiatorio” para “meter miedo al resto de los contribuyentes”.
Según aseguró la oficina de comunicación de Shakira en un comunicado, la cantante colombiana “ya ha pagado hasta el último euro exigido por la Agencia Tributaria y, por tanto, no debe nada al Estado español”.
El comunicado añade que, al contrario de lo que dice la Fiscalía, Shakira, a través de sus asesores fiscales, “ha colaborado con la agencia y ha presentado la información de forma clara y transparente”, y que la propia cantante “se ofreció a declarar y se le declinó este derecho fundamental”.
La Fiscalía, que presentó ayer una querella contra Shakira por seis delitos contra la Hacienda pública, la acusa de defraudar 14.5 millones de euros (16.4 millones de dólares) simulando no residir en España y ocultando su renta a través de un entramado societario con sede en paraísos fiscales de 2012 a 2014.
Sin embargo, Shakira asegura que entre 2012 y 2014 “no estuvo más de 183 días en España”, pues era “una ciudadana extranjera y nunca fue residente fiscal en España hasta 2015”, cuando empezó a tributar.
“En la demanda de Fiscalía se aplica por primera vez de forma artificiosa una supuesta presencia para imponer una tributación en España a alguien que no ha residido previamente. Este hecho marca una diferencia fundamental con respecto a otros casos y, por tanto, lo convierte en un claro atropello recaudatorio”, señala el comunicado.
Asegura también que “la estructura societaria que se discute se formó en 2007, años antes de conocer a su pareja (el futbolista español Gerard Piqué), cuando Shakira no vivía en España ni tenía intenciones de hacerlo” y además “fue validada por autoridades de la Unión Europea reiteradas veces como también por PriceWaterhouseCoopers (PwC), sus asesores fiscales”.
En la demanda contra Shakira, el Ministerio Público pide que se cite a la cantante como investigada y se le imponga una fianza equivalente a la suma de las cuotas defraudadas más un tercio (22 millones de dólares) o se le embarguen bienes hasta alcanzar esa cantidad.
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