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Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que sí tiene facultades para analizar la constitucionalidad de la reforma judicial, el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, calificó esta decisión de “provocación” y reiteró que habrá elección popular de juzgadores “lo quiera o no lo quiera” la SCJN.
Durante la sesión del pleno de la Cámara Alta, el senador morenista denunció que con esta decisión el Máximo Tribunal demostró su carácter faccioso, al plantear que está por encima del Poder Legislativo, que tiene atribución soberana, como constituyente permanente, de reformar la Constitución.
“Ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni el Poder Judicial tienen atribución jurídica alguna para revisar los actos de esta soberanía y del Poder Legislativo. No puede, no debe la Suprema Corte de Justicia de la Nación erigirse como supremo poder por encima del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, y sobre todo del soberano, que es el pueblo de México.
“Por esta razón, esta presidencia plantea con toda claridad y firmeza que la elección de los juzgadores se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2025, lo quiera o no lo quiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, advirtió.
Y es que antes, durante la sesión de ayer, la senadora priista Claudia Anaya solicitó la palabra para informar la resolución de la Corte.
“Señoras, señores, la República funciona y deseo de todo corazón que siga funcionando”, expresó la legisladora zacatecana.
En conferencia de prensa posterior, el presidente del Senado rechazó la posibilidad de someter a juicio político a los ministros de la Corte que votaron en favor de revisar la reforma judicial, pero consideró que esta decisión está fuera de la ley y es una “provocación inaceptable”.
“La Suprema Corte está invadiendo jurisdicción, está violando el marco constitucional, está pretendiendo atropellar al constituyente permanente y a mí me queda muy claro que todas estas acciones implican responsabilidades jurídicas y políticas de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, recalcó.
Fernández Noroña pidió a la ministra Norma Piña recapacitar, al señalar que la Corte está a tiempo de frenar su “intentona desesperada e ilegal” por detener la reforma, y además acusó a la presidenta del Máximo Tribunal de ser la autora intelectual de las movilizaciones en contra de la modificación constitucional al Poder Judicial.
“Hago un llamado a los integrantes de la Suprema Corte y particularmente a su presidenta, Norma Piña, a detener su actitud facciosa, a no dar un paso más en la conducta irresponsable que ha mantenido hasta este momento, porque yo señalo con toda seriedad, con toda claridad y con toda firmeza, que detrás de las protestas violentas, que incluyeron la toma del pleno de la Cámara de Senadores, la autora intelectual se llama Norma Piña. Me parece que los niveles a que están llegando son gravísimos e inaceptables”, enfatizó.
Por su parte, el senador y presidente del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que si el Senado ignora la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de revisar la constitucionalidad de la reforma electoral y sigue adelante con el proceso de su instrumentación va a generar una crisis.
En entrevista, el dirigente tricolor subrayó que el Senado de la República debe respetar la ley, así como la autonomía y las facultades de la Corte, porque la ley es la ley. “Se va a generar una crisis y esto se está llevando al máximo y no debe de suceder, porque si no, ¿quién va a respetar la ley? (…) La ley es la ley y la tememos que respetar, tenemos que mandar certeza. Por eso lo dije en la Cámara, lo dije en el Congreso, esta es la gran oportunidad para dar un nuevo paso, un inicio de construcción de acuerdos, de diálogo”, puntualizó Moreno Cárdenas.
Cabe recordar que el pasado 2 de octubre, también en conferencia de prensa, el presidente del Senado sostuvo que no hay ningún recurso legal para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordene la suspensión de una reforma constitucional como es la judicial, menos para detener el proceso electoral mediante el cual deben ser electos los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial.
