Cuando el presidente López Obrador quebranta la Constitución y otras leyes, se queja de que lo “cepillan”, lo censuran y califica las resoluciones de las autoridades electorales como actos inquisitoriales. No acepta incumplir, en este tiempo de proceso electoral, incumplir con el artículo 134 constitucional y 242 quinto párrafo, última parte de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, disposiciones que prohiben, impiden la participación de las autoridades de los gobiernos en tiempos de procesos electorales, haciendo uso de recursos públicos para favorecer o criticar a candidato o partido alguno.

El Presidente de la República acumula una treintena de sanciones dictadas por el INE y el TEPJF y el reincidente no cesa en su contumaz intervención política en el proceso electoral para favorecer tanto a su movimiento de transformación como a su candidata. Argumenta y sin razón legal, que lo censuran las autoridades, le limitan la libertad de expresión. Pues no es así, López Obrador habla y acciona en su calidad de Presidente de la República, de ahí emana la prohibición en el proceso electoral. Mas, convenencieramente no quiere entender. Si el deseo del Presidente es volver participar en la contienda electoral, sería muy simple la solución para que no lo sancionaran; pedir licencia, separarse del cargo y no hacer uso del enorme poder que ostenta como titular del Poder Ejecutivo Federal.

Sin referirse al presidente López Obrador, seguramente cansado de la rebeldía mostrada por el primer mandatario, abordó la referencia de la intromisión ilegal el consejero del Consejo General del INE, Jaime Rivera, quien comentó en su cuenta de “X” (Twitter) que: “La Constitución prohibe que servidores públicos -incluido el Presidente- intervenga a favor o en contra de partidos o candidatos. Cuando esa falta se comete, el INE tiene la obligación de dictar medidas cautelares para evitar que se prolongue el daño a la equidad en la contienda”.

La clara pretensión presidencial de AMLO, lleva como objetivo ilegal y fraudulento el triunfo electoral de su candidata a como dé lugar; sin importarle la reiterada violación a las normas de justicia y equidad electoral. En el intento presidencial por descarrilar el proceso electoral, también corre el riesgo de anular las elecciones, por ello lo “denuncia”, lo menciona en su retórica discursiva de las mañaneras, aunque torpemente culpe a terceros de su deleznable intención, dado el factible supuesto de perder las elecciones federales.